GANANCIAS: QUIÉNES PAGARÍAN EL IMPUESTO SI SE VUELVE ATRÁS CON LA LEY

El gobierno de Javier Milei busca revertir los cambios aprobados por ley para el impuesto a las ganancias.

Javier Milei tiene en sus planes dar marcha atrás con la última reforma del impuesto a las ganancias, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para eso, debería lograr la aprobación de una ley del Congreso. Las modificaciones que, en busca de votos y sin prever una contrapartida por los efectos negativos en la recaudación, impulsó meses atrás Sergio Massa, entonces ministro de Economía y candidato a presidente, tienen, en rigor, dos etapas, y su instrumentación se previó con diferentes medidas para cada una de ellas.

Los cambios tendieron a una mejora significativa para el bolsillo de los asalariados de ingresos medios y altos, a la vez que agravaron algunas distorsiones del sistema y redujeron los recursos del Estado en un contexto de desequilibrio fiscal, con un efecto fuerte para las cuentas de las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable, cuya recaudación se reparte entre la Nación y las diferentes jurisdicciones del país. A partir de la evidencia de los efectos de los cambios, de hecho, los gobernadores comenzaron a pedir que el Estado nacional le quite recursos a la Anses, usados para las jubilaciones, para dárselos a sus administraciones.

El gobierno de Javier Milei busca revertir los cambios aprobados por ley para el impuesto a las ganancias.

Javier Milei tiene en sus planes dar marcha atrás con la última reforma del impuesto a las ganancias, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Para eso, debería lograr la aprobación de una ley del Congreso. Las modificaciones que, en busca de votos y sin prever una contrapartida por los efectos negativos en la recaudación, impulsó meses atrás Sergio Massa, entonces ministro de Economía y candidato a presidente, tienen, en rigor, dos etapas, y su instrumentación se previó con diferentes medidas para cada una de ellas.

Los cambios tendieron a una mejora significativa para el bolsillo de los asalariados de ingresos medios y altos, a la vez que agravaron algunas distorsiones del sistema y redujeron los recursos del Estado en un contexto de desequilibrio fiscal, con un efecto fuerte para las cuentas de las provincias, ya que se trata de un tributo coparticipable, cuya recaudación se reparte entre la Nación y las diferentes jurisdicciones del país. A partir de la evidencia de los efectos de los cambios, de hecho, los gobernadores comenzaron a pedir que el Estado nacional le quite recursos a la Anses, usados para las jubilaciones, para dárselos a sus administraciones.

Es decir, mientras que hoy tienen descuento por Ganancias, los empleados con salarios brutos superiores a $1.980.000 (el equivalente al salario mínimo de octubre multiplicado por 15), a partir de lo cobrado el mes próximo y según la letra de la ley 27.725, ese monto sería de $2.340.000. El esquema aprobado tiene, además, varios cambios respecto de cómo funcionó hasta ahora el gravamen; por ejemplo, se dispone que un determinado grupo (al cual se lo define según los cargos ejercidos) siga tributando con el viejo sistema. Y que quienes entren en el nuevo (asalariados en general con un ingreso mayor a la cifra mencionada) ya no puedan hacer deducciones por familiares a cargo o por gastos en determinados rubros, como servicio doméstico, salud o alquileres. El cálculo del impuesto también se prevé con tablas de alícuotas diferentes a las que rigieron hasta ahora.

EL PROYECTO DE REVERSIÓN

Si se revirtiera esa reforma y se volviera al régimen previo, habría una actualización de la base salarial para comenzar a tributar, según un mecanismo que se puso en vigencia en 2018. En ese caso, el salario más bajo a partir del cual se pagaría el tributo sería de aproximadamente $974.476 (en lugar de los $2.340.000). Siempre dependiendo, claro, de cómo quede la letra chica de una eventual nueva medida, luego de que en la última gestión se complejizó el cálculo del impuesto.

La cifra mencionada es el resultado de actualizar la que estaba vigente en el inicio de 2023, aumentándola en el mismo porcentaje de la variación que tuvo entre los últimos meses de octubre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el parámetro fijado por ley para el reajuste anual de todas las variables que definen el tributo. Con esa modalidad, de hecho, se actualizó el valor del salario más bajo sujeto al tributo en el comienzo de este año.

La marcha atrás llevaría, de esa manera, a una caída de los ingresos netos de personas que se habían visto beneficiadas en estos meses con los últimos cambios.

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